Desde el año 2000, la Ruta Inka ha demostrado que el Qhapaq Ñan no es solo un vestigio arqueológico del pasado, sino una infraestructura cultural viva, capaz de articular identidad, territorio, integración regional y desarrollo sostenible desde los pueblos.
Entre los años 2000 y 2016, se organizaron doce expediciones internacionales Ruta Inka y, posteriormente, dos expediciones Ruta Maya, en las que participaron más de mil expedicionarios de los cinco continentes. Estas experiencias recorrieron comunidades andinas y mesoamericanas, convivieron con pueblos originarios y proyectaron al mundo una visión distinta de nuestros territorios: no como espacios marginales, sino como centros de civilización viva.
Este proceso precedió y contribuyó decisivamente a la visibilización internacional del Qhapaq Ñan, que en 2014 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, tras esta declaratoria, el aparato estatal —con su enorme capacidad mediática— absorbió el relato público del logro, generando la percepción de que se trató exclusivamente de una iniciativa gubernamental, invisibilizando los procesos territoriales y culturales protagonizados por innumerables comunidades ancestrales que la hicieron posible.
Como expresión de su aprecio, numerosas municipalidades, gobiernos regionales y autoridades de pueblos originarios reconocieron a la Ruta Inka como su Embajada Cultural ante el mundo e invistieron a nuestros expedicionarios como sus Embajadores Honorarios, encargados de difundir su historia, sus caminos ancestrales, sus rituales, sus fiestas y su potencial turístico. Estos nombramientos, aunque legítimos y profundamente simbólicos, carecen hoy de fuerza operativa precisamente porque la Ruta Inka no ha sido asumida como política gubernamental.
Actualmente, la salida forzada de la empresa patrocinadora que hacía posible el financiamiento logístico ha impedido la organización de la décimo quinta expedición internacional, pero no ha cancelado ni debilitado la vigencia del proyecto. Por el contrario, esta coyuntura deja en evidencia una verdad incómoda: sin respaldo estatal, incluso las iniciativas culturales más exitosas quedan expuestas a la fragilidad.
Aquí es donde se abre una oportunidad histórica.
Si la Ruta Inka fuera adoptada como política pública, los Embajadores Honorarios designados por los pueblos podrían actuar en coordinación con la diplomacia oficial del Perú, utilizando la infraestructura de embajadas y consulados para la difusión cultural, la promoción turística y la atracción de caminantes de todo el mundo. A su vez, las comunidades locales podrían ofrecer paquetes turísticos integrales que incluyan caminatas por tramos restaurados del Qhapaq Ñan, rituales ancestrales, fiestas patronales y experiencias culturales auténticas, generando ingresos directos y sostenibles.
Incluso, un mecanismo transparente de redistribución —por ejemplo, un porcentaje de los recursos generados por estas delegaciones— permitiría fortalecer tanto a los pueblos como a los propios embajadores culturales, cerrando un círculo virtuoso de identidad, economía y diplomacia.
De cara a las elecciones generales de 2026, el desafío es político:
¿seguirá el Perú tratando al Qhapaq Ñan solo como patrimonio arqueológico, o lo convertirá en una política gubernamental de desarrollo, integración y proyección internacional?
La Ruta Inka no compite con el Estado.
La Ruta Inka le ofrece al Estado una política ya probada.
